El Seminario Galileo Galilei de la UGR, Granada Laica y UNI Laica invitan a la cuarta sesión de su VIII ciclo de conferencias, titulado «Laicismo en la actualidad».

La conferencia será impartida por Juan José Tamayo, Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III.

Tamayo aborda el avance de la sociedad, impulsado por la ciencia y la democracia, el cual ha sido tradicionalmente opuesto por las confesiones religiosas, desde Galileo hasta la Ilustración y los tiempos actuales. Según el ponente, solo desde una perspectiva laica en la toma de decisiones es posible avanzar en los derechos humanos. Estas decisiones, si afectan a todos, deben basarse en valores comunes y hechos comprobados para garantizar una sociedad democrática plena. Tamayo enfatiza que una democracia sin laicismo es una democracia incompleta.

El laicismo, explica Tamayo, es una filosofía política que defiende la autonomía de la política, el derecho y las leyes frente a toda tutela o dependencia religiosa. No acepta injerencia alguna de la religión en la organización del Estado y en la gestión de los asuntos públicos. El laicismo no persigue a la religión, sino que sostiene que esta no debe ser parte integral del funcionamiento social ni determinar ni estructurar el orden social y la vida política.

El estado laico es el marco político, cívico y jurídico que permite vivir el pluralismo político, la diversidad cultural y el pluriverso religioso, y es la única garantía del ejercicio de la libertad de conciencia. Sin la práctica del laicismo en la esfera pública, las declaraciones de derechos humanos se vacían de contenido y la educación en derechos humanos pierde su sentido emancipador, convirtiéndose en adoctrinamiento. Solo en un Estado y en unas instituciones laicas se respeta la dignidad e inviolabilidad de la persona, así como su libertad de conciencia y de pensamiento.

En España, según Tamayo, persisten restos de confesionalidad católica, incluso en la propia Constitución de 1978, que incurre en una contradicción al declarar en su artículo 16 que, por una parte, “ninguna confesión tendrá carácter oficial” y, por otra, considera a la Iglesia católica como institución privilegiada con la que mantener relaciones de cooperación. Desde la aprobación de la Constitución, todos los gobiernos han sido rehenes de la Iglesia católica, como lo demuestra el mantenimiento de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, los cuales otorgan numerosos privilegios a la Iglesia católica.